Archivo | enero, 2011

Pensiones y mentiras neoliberales (Diagonal)

31 Ene

No suelo copiar artículos, pero en este caso tengo que hacer una excepción. Llevaba unos cinco días buscando un hueco para explicar mi postura sobre las pensiones y lo que considero una de las grandes estafas realizada contra los trabajadores de este país. Pero el periódico Diagonal (que para eso lo tengo  enlazado) ha publicado este magnifico artículo. Así que si algo no puedes contarlo mejor, copialo y difundelo.

 

Pensiones y mentiras neoliberales

La segunda jornada del ciclo Miradas críticas ha corrido a cargo de Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía aplicada de UAB e integrante del Seminario de Economía Crítica Taifa. Bajo el título “Pensiones, reforma laboral y otras mentiras neoliberales” la economista se ha centrado en el análisis de la reforma del sistema de pensiones, el cual está en estos momentos en plena negociación, presentando sus características y la realidad de los elementos puestos en el debate público, junto con otras justificaciones que están siendo ocultadas en dicho debate.

Sintesis

Mediante la creación de alarma social y justificando que el sistema de pensiones va a entrar en crisis, se pretende desmantelar progresivamente el sistema público de pensiones y sustituirlo por un sistema privado obligatorio, permitiendo a las grandes entidades financieras disponer de ingentes cantidades de dinero para manejarlo a su antojo con mínimos riesgos. Un suculento negocio que necesita de un apoyo social para llevarse a cabo, y para lo cual patronal, partidos políticos y sindicatos mayoritarios no dudan en prestarse al engrase de la maquinaria mediática del pacto social. ¿Está realmente en crisis el sistema público de pensiones? ¿Cómo se construye el discurso conducente a la privatización de las pensiones? ¿El advenimiento de los sistemas privados es irreversible? Miren Etxezarreta, economista de la Universidad Autónoma de Barcelona e impulsora del Seminario de economía crítica Taifa, desarrolla las claves para la interpretación del proceso en el que está inmerso el sistema público español de pensiones.

Durante su intervención Etxezarreta aportó numerosos datos y una descripción más profunda que la que aparece a continuación, todo el análisis se puede encontrar en Qué pensiones, qué futuro, de la editorial Icaria.

Tipos de sistemas básicos de pensiones

En la práctica existen dos sistemas de pensiones totalmente contrapuestos aunque compatibles en fases transitorias.

– El sistema de pensiones de reparto, los trabajadores –activos- cotizan al Estado, y éste en el mismo periodo –anual– paga las cotizaciones de los trabajadores pasivos –jubilados-, no hay acumulación, el flujo de entrada se convierte en flujo de salida, ayudado de un compromiso social de trasvase intergeneracional, ahora se cotiza y en el momento de la jubilación se cobra. Presenta también la característica de que se da en mayor o menor medida cierta solidaridad, algunos trabajadores cotizan lo que cobran o un poco más y otros gremios –agricultores, autónomos, etc.– cotizan menos de lo que cobran. Es típico de los sistemas públicos, en el Estado español, es la Seguridad Social quien gestiona los flujos de entradas y salidas.
– Sistemas de capitalización; las personas bien individualmente, bien colectivamente, cotizan anualmente hasta jubilarse una parte una parte de sus ingresos a una institución financiera y esta institución acumula el capital a la espera de su reintegro. Pero este capital acumulado no está parado, se utiliza para ser invertido de manera que obtenga rendimientos. Cuando la persona o el grupo llega a la edad de jubilación el importe de la contribución más los rendimientos obtenidos durante todo ese tiempo constituyen el capital que finalmente es reintegrado, bien de una sola vez, bien repartido a lo largo del tiempo –renta vitalicia sobre la base del capital acumulado-.

Los fondos privados de pensiones son un magnífico negocio para el capital financiero que domina el capitalismo global, constituyen enormes flujos de capitales, seguros y sin riesgo para las instituciones financieras, éstas sólo gestionan los fondos, lo invierten en bolsa, en bonos, en deuda, etc., pero el dinero es del trabajador, y será él quien finalmente gane o pierda. Las entidades financieras se llevarán parte del beneficio cuando lo haya y, en todo caso, el coste asociado a la gestión de dichos capitales. Se empieza a entender, pues, el interés instituciones como el Banco Mundial (BM), al servicio del gran capital, y las estructuras económicas supraestatales, como la Unión Europea, en desarrollar estos fondos para potenciar el mercado de estos grandes capitales.

¿Por qué ahora estas políticas?

El tema no es nuevo, con la crisis de los 70 ya se empezó a hablar de que las pensiones podían tener problemas, sobre todo en los países periféricos como Chile y Argentina, con Pinochet y Videla, quienes reconvirtieron los sistemas públicos en sistemas privados siguiendo los consejos de asesores formados en la famosa escuela de Chicago.

En aquellos años se consideraba que el tema sólo afectaba a países periféricos y dictaduras, ni siquiera a España, que aún estando en dictadura estaba consideraba periferia, por lo que no iba a afectarle tan directamente.

En general se dejó sin atender ese tema, aunque curiosamente en el Estado español en los años 80 ya se aprobaron distintas leyes institucionalizando los planes privados de pensiones -no entendidos como el tradicional ahorro para la vejez-, con el anzuelo de generosas desgravaciones fiscales, quizás fue ésta la razón de su entrada.

En 1994 el BM da a conocer el informe Cómo evitar la crisis de la vejez, en el que ya se extendía el problema de las pensiones a otros países. En aquellos años, sobre todo a partir de la caída del Muro de Berlín, el BM exigió privatizar todos los sistemas de pensiones de los países del Este como condición para modernizar sus economías hacia modelos capitalistas. En todo caso empezaba a generalizarse la cuestión de las pensiones a los países enriquecidos.

En el Estado español el tema de la problemática de las pensiones públicas y la conveniencia de las privadas está en estos momentos en el candelero, con la pretensión de aprobar una serie de medidas que allanen el camino hacia la privatización final, aunque el citado camino ya se empezó a desbrozar en 1995.

Concurren, además, circunstancias como la crisis que asola la economía desde hace un par de años, unida a fuertes presiones internacionales e internas –como el Banco de España y la patronal– y, sobre todo, se pretende aprovechar el temor y la falta de respuesta a la crisis de las clases populares.

Alarma social: ¡no hay dinero para las pensiones!

A río revuelto, ganancia de pescadores. No hay mejor forma de terminar de revolver el río que generar alarma social con ayuda del aparato mediático para crear un clima de opinión favorable que permita implementar cualquier medida económica, por impopular que sea.

Por un lado, parece que el tema de las pensiones es un tema antipático, pero el gobierno denominado socialista, con Zapatero de abanderado, asegura ser responsable y actuar en consecuencia, sin poner en cuestión ninguno de los pilares que sustentan el discurso.

Por otro lado, Zubiri, prestigioso economista de la Universidad del País Vasco, asegura que éste es un debate enormemente sesgado ideológicamente, y que se acepta como probado lo que son sólo posiciones ideológicas.

Se ha generado, pues, un clima de alarma social en el que se asegura que no se garantiza la continuidad del sistema público de pensiones, que no habrá dinero para pagar las pensiones públicas a medio plazo. Ante ello, y siempre según el discurso dominante, sólo cabe optar por dos soluciones:

– Disminuir las pensiones públicas, por medio de una serie de procedimientos como el aumento de la edad de jubilación y de los años de cotización, a la vez que la disminución de la pensión con relación al salario. En este contexto cabe destacar, adicionalmente, que no se habla para nada del bienestar del pensionista, nadie se plantea si los pensionistas son ricos y pueden permitirse una disminución de la pensión; la realidad se muestra más cruda, las personas mayores de 65 años están sometidas a una tasa de pobreza mucho mayor que las personas normales, aún con ello se insiste en que se tienen que rebajar las pensiones.

– Se propone, como consecuencia de lo anterior, la necesidad de desarrollar sistemas privados que complementen el público, para lo cual, cada persona debe ahorrar individualmente o como colectivo específico, para finalmente poder pagar su pensión. En definitiva, la crisis –del sistema de pensiones- ha hecho cundir la alarma social, la cual afecta sobre todo entre las personas que ahora están en edad adulta y que a medio-largo plazo deberán cobrar su pensión.

Razones para la crisis: argumentos falaces

Dos son los pilares básicos que sustentan el discurso de crisis del sistema de pensiones.

– Se está dando un aumento imparable del número de ancianos consecuencia del incremento de la esperanza de vida, por lo que hace falta más dinero para pagar las pensiones.
– Unido a ello, en las sociedades modernas hay cada menos población activa en relación con la actividad económica, por lo que con menos trabajadores hay que cubrir todas las prestaciones sociales, entre ellas las pensiones.

En principio ambos pilares apuntan a la ruptura del equilibrio entre ingresos y gastos de la Seguridad Social y, a su vez, ambos argumentos en principio parecen lógicos y asumibles. Pero a poco que se abandone el discurso oficial y se supere mínimamente la simpleza con que se esgrimen tales argumentos se descubren ciertas falacias planteadas con fuerte carga ideológica.

Respecto al primer argumento. El incremento de la población anciana no es para tanto. Es verdad que en las sociedades actuales se vive más años, y es de esperar -y de desear- que se incremente la tendencia. Sin embargo es necesario introducir matices.

El crecimiento que se estima va a haber del número de personas mayores de aquí a 50 años no es mayor que el que ha habido desde hace 50 años a esta parte. Realmente el salto ha tenido lugar durante los últimos 50 años, acompañado de un crecimiento económico alto. Por tanto, si hasta ahora se ha podido sostener este crecimiento de ancianos, ¿por qué no los siguientes 50 años?

Como aviso para navegantes cabe decir que en EEUU –según cita Miren- la esperanza de vida disminuyó en el año pasado, y cuando las barbas de tu vecino veas pelar… En definitiva, las esperanzas de que vayan a haber tantos viejos es probable que no son tantas.

Un segundo matiz a introducir son los términos de la comparación. En un estado no hay que tener en cuenta el número de ancianos, sino que hay que establecer una comparación entre la población activa y la población pasiva, teniendo en cuenta que el contingente de población pasiva abarca mucho más que los ancianos. Es decir, antes de hablar del peso de los ancianos habría que analizar el tipo de población –activa y pasiva- que se tiene en conjunto.

La variable relevante no es, pues, el número de ancianos, sino la población pasiva en general. En la actualidad hay mucha población joven que antes era población activa y que ahora no lo es, se empieza a trabajar más tarde y con trabajos precarios, la maternidad también está reñida con la estancia en el mercado de trabajo. Resulta difícil mantener que hay pocos trabajadores para sostener el sistema de pensiones cuando hay 4,5 millones de parados. Es decir, la capacidad de los trabajadores es fuerte, por lo que no tiene sentido asustarse tanto por que haya bastantes más ancianos. En consecuencia, lo que habría que plantearse es facilitar el acceso al mercado de trabajo a jóvenes, madres, etc., lo cual ayudaría a resolver el problema planteado.

En tercer lugar, habría que poner en cuestión las proyecciones a largo plazo. Todos los estudios que se hacen respecto de las pensiones se hacen con previsiones a 50 años vista, en correspondencia al periodo que transcurre desde que una persona supuestamente se incorpora al mercado laboral y hasta que cobra la pensión. En general, se utilizan estos plazos para poder confirmar proyecciones que a corto plazo resultan imposibles de asumir; a saber, en una proyección a 50 años cualquiera puede justificar cualquier cosa sin temor a equivocarse. En este momento se está barajando que las pensiones estarán en peligro –en el Estado español– a partir del 2023 y que las reservas se acabarán para el año 2030. Esto puede ser cierto o no serlo; ya en el año 1995 se pronosticó que en el 2000 las pensiones –de la Seguridad Social- entrarían en crisis, no sólo no ha sido así sino que en la actualidad presentan superávit. Las mismas personas que hicieron esos trabajos son las que están haciendo las proyecciones actuales.

Respecto al segundo argumento. Es cierto que hay menos trabajadores para cotizar, pero no porque no haya trabajadores, sino por la crisis económica. En cualquier caso, en general sí que parece que los avances tecnológicos permiten demandar menos trabajo directo de producción, pero eso implica que no puedan existir otras ocupaciones.

En definitiva, el problema se circunscribiría por tanto al mercado de trabajo, no a las pensiones; no faltan trabajadores que quieran trabajar, sino puestos de trabajo y, por ello, habría que centrarse en políticas activas de empleo para aumentar los puestos de trabajo, que, a su vez, aumentarían las cotizaciones.

También se señala que se podría obligar a que los trabajadores cotizasen más para pagar a la cantidad creciente de viejos, pero éstos se desmotivarán a la hora de trabajar. En principio puede ser verdad, pero también habría que pensar que los viejos son abuelos o padres de los jóvenes y no parece razonable pensar que la juventud es tan cruel como para que no les importen los viejos. Encuestas confirman que estarían de acuerdo en subir las cotizaciones si fuera necesario. Además, cabe añadir que la juventud no es “tan tonta” y se da cuenta que si los viejos no tienen pensiones, alguien les tendrá que mantener. O si no, que se explique qué se piensa hacer con los viejos.

¿Y por qué se desmotivarían los jóvenes? ¿sólo por pagar a los viejos? Hay otros muchos motivos por los que se hace pagar a la juventud y no se consideran a la hora de explicar la desmotivación. Entre otros, el incremento del IVA y la aceptación de menor salario y mayor jornada laboral para mantener el empleo. La forma de plantear la situación influye en el resultado que se espera de ella, y en este terreno se están empleando argumentos totalmente manipulados. En todo caso, al final, siempre se puede motivar a la juventud aumentando los salarios.

Otras trampas camufladas

Al respecto del sistema público de pensiones cabe realizar también matizaciones de fondo.

– El presupuesto de la Seguridad Social tiene que estar equilibrado, las cotizaciones se deben corresponder con el pago de las pensiones.

¿En base a qué se justifica esta afirmación? La decisión del equilibrio es totalmente política, nada tiene que ver con la economía. En las sociedades actuales una serie de necesidades colectivas se financian con impuestos, y otra serie de necesidades a través del mercado. ¿Cómo se paga la niñez, la educación, la justicia, la sanidad, incluso la Casa Real? La respuesta no es muy complicada, con impuestos. ¿Por qué se singulariza para el caso del sostenimiento de los mayores? Hay un motivo histórico, pero las cosas han cambiado mucho desde hace 100 años y pueden seguir cambiando.

La separación de cuentas entre el Estado y la Seguridad Social, nacida el año 1995 con los Pactos de Toledo, constituye un regalo envenenado, parece adecuada cuando hay superávit, pero puede volverse arma arrojadiza en momentos de déficit.

– Como habrá pocos trabajadores no habrá dinero para los pensionistas.

Aquí se está contabilizando el número de trabajadores, pero no lo que los trabajadores producen, que es realmente lo que hay que utilizar en la balanza. Si un trabajador produce el doble que antes, podrá pagar más cotización. En general no importa el número de personas sino la riqueza que éstas producen. La trampa radica en que si se toma como cierto que son los trabajadores los que cotizan, sí que importan las personas, pero eso también puede cambiar y se puede empezar hablar en términos de riqueza en lugar de número de cotizantes. Las estadísticas confirman que en el Estado español se es más del doble de rico que en el año 1971, y eso a pesar de la crisis. Lo importante, pues, es analizar la riqueza disponible y cómo ésta se reparte.

– Son sólo los trabajadores quienes tienen que pagar las pensiones.

No hay ninguna razón que pueda justificar semejante afirmación. Se interpreta que la riqueza la producen los empresarios y por ello se la tienen que quedar, una vez pagados los salarios. Este es un error de bulto en la concepción de la sociedad. La riqueza es un producto social y como tal se ha de entender. Ésta se produce cada día más con el apoyo de más fuerzas inmateriales, como la educación, la investigación y el desarrollo, la sanidad, incluso un sistema político satisfactorio es importante para la producción de riqueza.

En este país, menos del 50 % de la riqueza producida en conjunto es imputable a los salarios, el resto se lo lleva el capital –las empresas-. Posteriormente ambos rinden cuentas al “fisco” mediante el pago de impuestos, pero comparativamente contribuyen mucho más los asalariados que las empresas. Es decir, mediante la distribución de la riqueza vía impuestos se podría destinar mayor cantidad de dinero para mantener a las personas jubiladas. En otros países estas medidas son una realidad hace tiempo.

Fundamentalmente son estos tres puntos los que se presentan a la opinión pública de manera sesgada, lo cual se utiliza para convencer del supuesto problema de las pensiones, pero el problema no reside en éstas sino en la distribución de la riqueza social.

Respecto a la segunda de las soluciones, el complemento con pensiones privadas gestionadas por instituciones financieras, también caben apreciaciones.

El Banco Mundial plantea un sistema de pensiones con tres niveles, el cual pretende generalizar a escala mundial:

– Un sistema público obligatorio para los muy pobres, ya que éstos nunca tendrán capacidad de ahorro; además suponiendo que se les pagase algo, la cuantía será muy poca, sólo para que subsistan, pero garantizando que siguen siendo muy pobres.
– Un sistema de pensiones privado obligatorio –no voluntario para trabajadores; ésta es la parte que le interesa al BM, que las cotizaciones vayan a un gestor financiero privado en lugar de al estado. Además éste – el modelo de pensiones privadas nunca entrará en crisis porque sólo se cobra sobre la base de lo que se acumula.
– Un sistema privado voluntario para personas con capacidad de ahorro, a saber, los más ricos, con el que complementen la parte obligatoria.

En el Estado español se está caminando en este sentido desde hace tiempo. En los años 80 se elaboraron informes vaticinando la crisis de las pensiones, todos ellos casualmente financiados por instituciones como la Caixa y el BBVA. En el año 1988 se aprobaron las pensiones privadas –voluntarias– con importantes desgravaciones fiscales. Posteriormente, y como consecuencia, en 1993 se forma el Pacto de Toledo; constituye éste un proceso de negociación política tripartita –gobierno, sindicatos y patronal- para “resolver” el problema de las pensiones. Funciona mediante una Comisión no permanente que se reúne desde entonces y elabora nuevas recomendaciones cada cinco años aproximadamente.

En la actualidad se está finalizando un proceso negociador con fuertes “tiras y aflojas” conducentes finalmente a la reducción de las pensiones públicas. Los puntos de la negociación a grandes rasgos se centran en el aumento edad jubilación, los años de cómputo del nivel de la pensión, los años necesarios con derecho a pensión, los años de cotización para disponer del 100% de la pensión, limitar prejubilaciones y revisar pensiones viudedad.

Pero realmente, ¿falta dinero para pensiones? En principio es necesario señalar que se tiene superávit en el fondo de la Seguridad Social, con un acumulado de 65.000 millones euros, que se prevé siga creciendo aunque de forma más moderada que hasta ahora. Ello incluso con medidas como la del año 2009, en la que gobierno se planteó suspender la dotación al Fondo de Reserva a causa de los aplazamientos de las cotizaciones pedidos por las empresas.

A ello que hay que añadir que la Seguridad Social paga prestaciones que no le corresponden, como las bonificaciones a la contratación y el complemento de mínimos a las pensiones no contributivas más bajas, que le corresponderían al Estado.

En definitiva, se está exprimiendo el fondo de la Seguridad Social, preparándolo para ser utilizado como justificante de la privatización de las pensiones. No es cierto que no haya dinero a corto plazo, y a largo plazo se pueden hacer muchas cosas para que el fondo no entre en déficit.

Finalmente también se argumenta que los trabajadores detentadores de los fondos de pensiones pueden controlar importantes partes de la riqueza privada en forma de títulos de empresas -productivas y financieras-. Por tanto, se convierten en capitalistas que podrán dirigir la riqueza en la dirección que les interese. La falacia de la complementariedad de las pensiones públicas justifica el denominado capitalismo de las clases populares, ¡la cuadratura del círculo!

La realidad de los planes de pensiones privados

Las pensiones privadas en España comienzan en 1990, con carácter voluntario, excepto las firmadas en convenios colectivos, fuertemente estimuladas por desgravaciones fiscales. Pero “no están creciendo satisfactoriamente”: 8% del PIB, a diferencia del 14% en Portugal, el 77% en Reino Unido o 130% en los Países Bajos Tal es así que informes de la patronal española ya admiten que sólo prosperarán los planes privados si se recortan las pensiones públicas.

Tal y como se ha mencionado, se pretende, por tanto, mucho más: obligar a cotizar a los fondos de pensiones privados, las denominadas pensiones privadas colectivas. Todo ello con la complicidad de los sindicatos mayoritarios. ¿Hasta dónde se llegará y en cuánto tiempo?

Bancos y Cajas luchan por gestionar los fondos privados de pensiones, especialmente los colectivos, como los de los funcionarios públicos. En 2008 se aprobó una ley para que se pueda invertir en Bolsa hasta el 10% del Fondo de Reserva de las Pensiones. Finalmente no fue tanto el porcentaje, ¿cuánto dinero se hubiera perdido?

Los grandes fondos de pensiones -y los de inversión- se dedican a obtener beneficios, no a través del proceso habitual de producción y venta de bienes y servicios, sino principalmente a través de la compra-venta de las propias empresas -por las diferencias de precios que obtienen-. Para ello se compran empresas y se “sanean” -generalmente por medio de reducciones de plantilla- para volver a venderlas por un precio más alto. En definitiva, el capital financiero dedica los ahorros de los trabajadores para sus pensiones a disminuir plantillas de las empresas de esos mismos trabajadores.

¿Y qué se puede hacer?

Ciertamente las posibilidades no son muy altas, se cuenta con un consenso generalizado y no tan sólo de la derecha, tal y como se está viendo. La solución pasa por defender sin ambages ni titubeos las pensiones públicas, lo cual comienza por no aceptar la idea de “la crisis de las pensiones”: el problema es de distribución de la renta, en definitiva, una opción de sistema social.

A corto plazo cabría plantear distintas opciones. Una de ellas podría ser aumentar las cotizaciones; si se quiere que la mayoría de la población haga fondos privados, ¿no sería lo mismo aumentar las contribuciones a las pensiones públicas? La gente tiene que pagar en un caso y en otro. ¿Por qué son mejores las privadas? Las públicas son mucho más seguras. También cabe aumentar la base reguladora de los salarios altos junto con la eliminación de prestaciones que no le corresponden a la Seguridad Social, como las bonificaciones a la contratación.

A medio plazo las opciones pasarían por un lado por mejorar el mercado de trabajo y aumentar el empleo, y por otro, llevar a cabo una reforma fiscal progresista. A más largo plazo, avanzando de la mano a una sociedad en la que el trabajo directo cada vez va siendo menor para lo producción, se tiene que empezar a pensar en diseñar sistemas de pensiones –y de derechos sociales en general- que no dependan de la capacidad del trabajo, como bien pudiera ser optar por la Renta Básica.

En conclusión

Una de las enseñanzas de la crisis es que sirve para todo, el miedo y la falta de organización que se ha implantado en la sociedad está permitiendo el avance de las medidas privatizadoras del sistema público de pensiones. Propuesto inicialmente como posibilidad de desgravación en los ahorros de aquellas familias que los tuviesen, ahora se presentan como salvavidas de un sistema de pensiones que se insiste en que está entrando en crisis. No tardarán mucho en llegar las medidas para las que se está abonando el terreno, la desaparición del sistema público de pensiones y su sustitución por uno privado obligatorio. Todo el dinero de los trabajadores puesto en manos del capital financiero. A poco que se profundice se descubrirá lo falaz e interesado de los argumentos. Sí que son necesarias reformas, pero en otra dirección, que apunten a un mejor diseño del sistema público, que se financie con impuestos y no exclusivamente con cotizaciones de los trabajadores, y en definitiva, que cuestionen el concepto de riqueza social y su distribución.

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La Red en el punto de mira

26 Ene

Ayer el Ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba se descolgaba con unas declaraciones en las que señalaba que “no habría terrorismo internacional si no hubiera Internet”, aunque matizó sus palabras afirmando que también era una puerta maravillosa para el conocimiento. Algunos en estas palabras puede que vean sólo un derrape de un político considerado inteligente al menos el 90% del tiempo. Sin embargo mucho me temo que no se trate de una salida de tono, si no que está muy bien contextualizado.
La Red molesta, por una razón muy antigua, todo aquello que los poderes no pueden controlar se intenta incriminar. De ahí se deduce esta intención de relacionar Internet con terrorismo.
Ayer mismo nos dieron la noticia también del pacto al que han llegado las fuerzas políticas conservadoras como son PP, CIU y PSOE para desatascar la llamada “Ley Sinde”. Previamente a la ley se había producido una campaña mediática muy fuerte contra el intercambio libre de archivos en Internet. Algunos músicos, algunos cineastas, algunos autodenominados artistas (¿) salían día sí y día también hablando del Apocalipsis ¿cultural? que vendría si no se aprobaba una Ley para acabar con lo que ellos denominaban piratería. En estas declaraciones los usuarios de Internet y de aparatos informáticos echábamos en falta una parte del razonamiento: no hablaban del canon (esa cantidad de dinero que pagamos indiscriminadamente al comprarnos un producto informático aunque sea para consumo propio y que nos incrimina previamente). Se resistían a aceptar unos cambios en los modelos de consumo cultural que pone en jaque su estatus actual proporcionado por una industria que ha seleccionado quién debe triunfar y quién no.
La Ley Sinde tiene muchos puntos oscuros sobre los derechos básicos de los ciudadanos y más oscuro es la forma que el gobierno intento aprobarla dentro del paquete de la Ley de Desarrollo Sostenible. ¿A qué se debía tanta prisa y tan poco debate? ¿Por qué introducido en un “paquete” legislativo mucho mayor?
Wikileaks, nos dio un dato importante, parece que la industria audiovisual de los EEUU presionaron al gobierno español. A algún lector esto le puede sonar a película, sin embargo no es nada nuevo en el horizonte. Los EEUU en una de las clausulas del Plan Marshall obligaba a comprar cine usanita a los países beneficiados por esta ayuda.
Este entramado está bendecido por el ACTA (Acuerdo Comercial Antifalsificación), acuerdo al que llegaron EEUU, Unión Europea, Japón y Australia entre otros, en el que se propone una fuerte defensa de los derechos de la propiedad intelectual en Internet y el endurecimiento de las medidas legales.

Ahora las declaraciones de Pérez Rubalcaba nos llevan a otro plano, el de la seguridad y el del control de la información. Lo siguiente será algo parecido a la Ley Loppsi 2 que se está gestando en la Francia de Sarkozy que pretende consolidar una ciberEstado policial donde te pueden instalar “cookies” para saber que consultas, que envías, etc. con la manida excusa de la seguridad. Por ahí, vienen las palabras de Rubalcaba, y si no al tiempo.

PD1. Ultimas informaciones me han hecho editar el post para añadir una intervención de Rubalcaba en el Congreso que a más de uno dejará con la boca abierta, claro que entonces eran oposición

PD2. El Partido Pirata sueco añade datos para demostrar las presiones de los lobbies de la industria audiovisual

LA GRAN PRIVATIZACIÓN: LAS CAJAS DE AHORROS

11 Ene

Tras un mes de silencio, ocupado en otros menesteres, volvemos a la carga con un texto que ha caído en nuestras manos.

Seguramente usted habrá visto alguna vez escritas en las páginas de economía de los periódicos o escuchado en los programas de otros medios de comunicación que cubren esa información unas siglas que han podido llamarle la atención.

Para explicar qué significa las siglas LORCA o SIP sin necesidad de entrar en números y tecnicismos, no tenemos más que considerar la geografía como una ciencia exacta y aceptar la influencia que países cercanos al nuestro tienen sobre nuestra economía.

Aunque seamos vecinos geográficos de Francia, en cuanto a ese espectáculo maravilloso de ver a los jóvenes defendiendo en la calle los derechos de sus padres y sus abuelos a la vez que los suyos, lamentablemente, no estamos al otro lado de los Pirineos sino en un lugar que podríamos localizar en las antípodas.

Otro país mediterráneo como es Italia, más cercano a nuestra longitud y altitud reivindicativa, nos puede ayudar a comprender más fácilmente qué es lo que nos espera, qué ocultan siglas tan aparentemente inocuas como LORCA y SIP.

En Italia, los Bancos pensaban que siendo ellos más grandes, más fuertes y más generosos con quienes hacían las leyes que las Cajas de Ahorros, no debían por qué tener que competir con ellas y disputarse los clientes; que lo que tenían que hacer los políticos era proteger los intereses de quines les apoyaban.

Para privatizar las Cajas en Italia modificaron las leyes que tenían que modificar y obligaron a las Cajas pequeñas a juntarse entre ellas, para reforzar sus balances y estar preparadas “para los complicados tiempos que les esperaban”. El banquete estaba servido y ahora este país ya no hay Cajas de Ahorros.

Aquí, en este país, el partido que gobierna y el que quiere gobernar, tan irreconciliables sus programas, se pusieron rápidamente de acuerdo, modificaron la LORCA, y les comunicaron a las Cajas lo mismo que en Italia pero en castellano: agruparos en SIP,s si no quereis tener problemas.

Con la privatización de las Cajas de Ahorro finaliza en este país un modo más ético de negocio bancario, se fomenta la exclusión financiera y se elimina la obra social de estas entidades, de la que la sociedad se ha venido siempre beneficiando.

Que desaparecerá esta importante ayuda a la sociedad si no se paran los SIP,s no lo debe dudar nadie; queda saber si esta pérdida que se avecina, de la que grandes sectores de la población hoy aún se aprovechan es o no inevitable.

CONTRA LA EXCLUSIÓN FINANCERA, ECONÓMICA Y SOCIAL.
NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS.

Asociación de Vecinos de San José, Ecologistas en Acción, Sección sindical de UGT CAI, Sección Sindical de CGT Ibercaja, Sección Sindical de UGT Ibercaja, Izquierda Unida, Izquierda Anticapitalista

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